Algunos
abogados especializados como David Bravo, y algunas asociaciones de
consumidores y usuarios como la Asociación de internautas afirman
que es legal descargar archivos audiovisuales dentro del marco de la
legislación actual, aunque estén sujetos a derechos de autor,
amparándose en el derecho de copia privada y siempre que no haya
ánimo de lucro.
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| Fuente: interactivadigital.com |
En
la actualidad el uso de las redes P2P está totalmente permitido en
España, ya que su uso puede servir para compartir archivos
personales, creaciones propias, obras bajo dominio público,
distribuciones Linux o incluso software libre. No hay sanciones para
quien utilice las redes de pares porque son una herramienta más para
compartir cualquier tipo de archivos.
Ley Sinde-Wert
Dentro
de la ley de Economía Sostenible, en su disposición final 43ª se
contempla la regulación de las descargas en Internet. Esta medida ha
generado un debate público de importancia en el que el Gobierno de
España, la industria del entretenimiento y los usuarios defienden
cada uno sus posicionamientos.
La
ley fue impulsada durante el gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero, de la mano de la ministra de cultura, Ángeles
González-Sinde, motivo por el cual, se le atribuye el nombre de la
ministra a dicha ley.
La
regulación de este ámbito, se hizo meses después de que el
Parlamento Europeo aprobara el Paquete de Telecomunicaciones (ver
Anexo 1.2.9), que autoriza el corte del acceso a Internet a los
usuarios que, reiteradamente, violen los derechos de propiedad
intelectual. Por tanto, hay que situar la ley Sinde dentro del marco
de actuación que la Eurozona está aplicando para sus gobiernos
respecto a la regulación de Internet. Además, esta iniciativa casa
con la presidencia de la Unión Europea que ostentó España desde
principios de 2010 y que permitío al Gobierno Español tener una
respuesta de aprobación ante sus socios europeos, sobre todo Francia
y Reino Unido,37 que habían empezado a adoptar medidas restrictivas
respecto a las descargas no autorizadas desde varios años atrás.
Desde
el inicio de la polémica, Ángeles González Sinde y el Ministerio
de Cultura han sido firmes en cuanto a la sección de la ley de
Economía Sostenible que afectaba a Internet. A pesar de las
protestas de los ciudadanos y de las distintas asociaciones, desde un
principio, la ministra se ha negado a suprimir la Comisión de
Propiedad Intelectual, y que es uno de los puntos que más disputa ha
suscitado dado que sería la futura encargada de decidir qué páginas
cerrar.
Después
de presentarse esta ley, en diciembre de 2010, el diario nacional El
País publico un detallado artículo en el que sumarizaba a través
de 35 cablegramas de la embajada estadounidense en Madrid revelados
por Wikileaks en el "Cablegate" las presiones que ejerció
EE.UU. sobre el Gobierno de España para la aprobación de una ley
antidescargas que finalmente se concretó en la Ley de Economía
Sostenible. (ver Anexo 1.17)
La
aprobación del Reglamento de la Ley Sinde, la Ley Sinde-Wert
El
debate en el gobierno de Rodríguez Zapatero sobre la aprobación por
Real Decreto del desarrollo de este apartado de la Ley de Economía
Sostenible se vio alargado en el tiempo ante las discrepancias y
falta de apoyos por parte de internautas y artistas, hasta el punto
de no quedar aprobado cuando la legislatura terminó en noviembre de
2011. Las razones por las que no fue aprobado el reglamento de la
"Ley Sinde" por el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero no fueron aclaradas, limitándose el portavoz del gobierno a
decir que la legislación sobre este tema debería ser retomada por
el gobierno entrante de Mariano Rajoy.
Ante
esta situación el nuevo gobierno decidió su aprobación (con
ciertas modificaciones) en el primer Consejo de Ministros de la X
Legislatura de España, el 30 de Diciembre del 2011, argumentando
que, a pesar de haber sido reticentes con algunos aspectos de la ley
de economía sostenible cuando el Partido Popular estaba en la
oposición, era urgente la regulación de los derechos de autor en
España, acompañando la medida de la supresión del Canon digital,
que penalizaba a los usuarios de aparatos electrónicos para
compensar las pérdidas económicas derivadas de la "piratería".
De cualquier modo, la portavoz del gobierno y vicepresidenta
garantizó que el gobierno continuaría trabajando en esta materia
para garantizar el respeto de los derechos de autor sin dañar las
libertades de los ciudadanos. El reglamento de la "Ley
Sinde-Wert" entró en vigor el 1 de marzo, anunciada por el
ministro de Educación Cultura y Deporte José Ignacio Wert, razón
por la cual, la ley fue rebautizada popularmente con el apellido del
ministro en funciones.
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